Los sindicatos esperan que el laudo signifique readmitir a los despedidos
IC, CC.OO y USO afirman que ésta es la única opción para cerrar el conflicto de las ambulancias
La huelga en el sector de las ambulancias en Canarias ha durado un total de 113 días. / da


AgenciasSanta Cruz"Un sabor agridulce nos deja el laudo del inspector de Trabajo y Seguridad Social, José Manuel Subirats, designado como árbitro por el Gobierno de Canarias, para buscar solución al conflicto de las ambulancias". Con estas palabras describió Antonio Sardá, portavoz de Intersindical Canaria la conclusión que sacan el conjunto de sindicatos implicados en la problemática del sector de las ambulancias. Tanto Intersindical, como Comisiones Obreras (CC.OO) con Pedro Moreno como portavoz y Jesús Francés de USO, no creen "que en esta lucha haya victoriosos o vencidos", informó Acn Press.Los tres sindicatos se comprometieron ayer a cumplir el laudo "porque es un avance significativo". En concreto, el aspecto que más ha relajado a los conductores de ambulancias es el obligado cumplimiento por parte de los empresarios de una subida salarial del 15%, "para equipararlo con el resto de sueldos nacionales", aunque Moreno advirtió de que "el arbitro ha utilizado una escala antigua y que realmente el aumento debería haber sido de un 33%". En cualquier caso, Sardá reconoció ayer en rueda de prensa que es un "paso adelante".En otros aspectos, los portavoces de los sindicatos se mostraron "disconformes, porque el laudo pasa de puntillas por asuntos de crucial importancia como las horas laborales de los trabajadores, que reivindican 40 horas semanales, o la situación de despidos y sanciones, que son cuestiones oscuras". Estos dos aspectos, preocupan a Moreno que aseguró que "los empresarios no terminan de aceptar el laudo, porque han vuelto a despedir a conductores de ambulancia, como el propio representante de USO, Jesús Francés". La situación de Francés, junto con otros "44 despedidos y más de 100 sancionados a 45 días de suspensión de sueldo, se debe resolver". Moreno explicó que "si desde los sindicatos hemos aceptados el laudo en todas sus condiciones, las buenas y las malas, los empresarios deben hacer lo mismo". Los 113 días de huelga, "una de las más larga de la historia de Canarias" subrayó Sardá, acabaron ayer oficialmente a las 7.00 horas, al desaparecer los servicios mínimos y cumplirse el cien por cien de los servicios de traslados en ambulancias. Sin embargo, los sindicatos aseveraron que "si en el plazo de diez días, como marcó la consejera de sanidad, Mercedes Roldós, no se cumple el laudo por parte de los empresarios, en septiembre volveremos a la huelga". Para Moreno, "el árbitro no sólo debe formular un laudo sino vigilar su cumplimiento". Destacó que "este proceso de huelga ha sido largo y duro por la falta de voluntad de la patronal, del Gobierno de Canarias saliente y del Gobierno en funciones, hay que resolverlo de una vez por todas" y añadió que "desde los sindicatos hemos aceptado de cajón las condiciones, nos hemos tirado a la piscina y los empresarios no han querido"."El conflicto no está acabado, el laudo sólo coloca el ’justiprecio’ para los próximos contratos, los empresarios deben aceptar el cumplimiento del laudo, readmitir a los despedidos y sancionados" subrayó Moreno. "Además, el documento legal insinúa que no se han prestado los servicios mínimos y eso no es verdad, hemos sido escrupulosos" concluyó Antonio Sardá. Por su parte, el sindicato UGT recordó en un comunicado de prensa que el preacuerdo firmado por este sindicato con la patronal el pasado mes de abril, concretamente el día 26, establecía prácticamente el mismo salario que está incluido en el laudo que, por ahora, ha cerrado el conflicto en el sector. Para UGT, "es triste que una huelga que podía haber tenido una salida desde abril de este año, haya tardado cuatro meses en solucionarse, cuando este sindicato había consolidado un preacuerdo de mínimos, difundido entre el resto de fuerzas sindicales, donde, por ejemplo, el salario del que se partía eran 1.043 euros mensuales para el conductor". La organización sindical consideró que "se han antepuesto las políticas sindicales a los intereses de los trabajadores, quienes han tenido que soportar los perjuicios económicos de la huelga y han perdido la posibilidad de cobrar las cantidades con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2007".