La Fiscalía ve indicios de delito en la actuación del jefe de Cirugía Cardíaca del HUC


EFE / N. T.SANTA CRUZDespués de casi diez meses de que se dieran a conocer las altas cifras de mortalidad del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y de que se presentara ante la fiscalía una denuncia ante la posible constitución de un delito por la alta mortalidad detectada en la Unidad, la Fiscalía ha concluido las diligencias respecto al caso y "ha formulado denuncia contra Rafael Martínez Sanz, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario de Canarias, por la presunta comisión de delito de homicidio o lesiones imprudentes". Al menos así lo asegura la asociación ’El Defensor del Paciente’, quien ayer, mediante un comunicado, afirmó que la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, remitió una carta a la presidenta de la asociación en la que dice que "la actuación de la fiscal se produce tras la denuncia presentada por esta asociación ante la Fiscalía, a la que también el Colegio de Médicos de Tenerife comunicó los hechos expuestos ante su comisión deontológica, por el médico que denunció las supuestas irregularidades en el funcionamiento de este servicio".La citada asociación manifestó su "satisfacción" por la decisión de la fiscal de enviar al juez las diligencias abiertas tras las denuncias presentadas por el funcionamiento del servicio de Cirugía Cardíaca del HUC. En el comunicado, la asociación espera que "se lleven a cabo las diligencias oportunas tras remitirlas al juzgado que corresponda". Sin notificación
Tanto el Hospital Universitario de Canarias como la Consejería de Sanidad rehusaron ayer hacer declaraciones sobre este asunto, puesto que según afirmaron, "no tienen notificación oficial" alguna sobre este paso que la asociación del Defensor del Paciente asegura que ha dado la fiscalía tinerfeña.Por su parte, el abogado de la Asociación de Afectados por el Servicio de Cirugía Cardíaca del HUC, José Luis Langa, manifestó ayer que la asociación se personará como parte si se abre un procedimiento penal por supuestas negligencias en el funcionamiento de este servicio. El letrado recordó que la asociación que asesora ha presentado ante el Servicio Canario de la Salud (SCS) 12 demandas de responsabilidad patrimonial, en las que se reclaman cuatro millones de euros en indemnizaciones. A estas demandas,agregó Langa, se sumarán otras cuatro o cinco, cuyos historiales clínicos se están estudiando y calculó que el número de afectados asciende a unas 30 familias y a unas cien personas.El abogado criticó que la Asociación no haya recibido el informe de la auditoría sobre el funcionamiento de este servicio durante los años 2005 y 2006, y afirmó que el Consorcio Sanitario de Tenerife alegó para no remitirlo que el caso estaba siendo estudiado por la Fiscalía. José Luis Langa aseguró en declaraciones hechas a este diario, que la Fiscalía tenía dos opciones: archivar o pasar al juzgado de instrucción.