El servicio de ambulancias se otorga pese a Anticorrupción
La patronal Artea pide a la Fiscalía medidas cautelares urgentes para la paralización del concurso



Varias vehículos concentrados con motivo de la última huelga en el sector de las ambulancias. jonay rodríguez
LAURA PÉREZ SANTA CRUZ DE TENERIFE La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias adjudicó definitivamente el pasado miércoles el servicio de transporte sanitario terrestre, pese a la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la patronal Artea. La adjudicación, publicada en la página web del Gobierno de Canarias, mantiene el fallo provisional del concurso. Ésta otorgaba a la empresa Aeromédica el servicio de transporte urgente y colectivo de las zonas metropolitana y sur de Gran Canaria, así como la colectiva del norte. Mientras que Transportes Aéreos Sanitarios Isleños S.A obtuvo el servicio en la zona metropolitana de Tenerife, en el caso del transporte urgente, así como la totalidad de los servicios en las islas de La Gomera, el Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como el transporte colectivo en la zona norte y sur de Tenerife. En el caso de la empresa Iscan Transportes Sociosanitarios S.L, la Consejería de Sanidad le adjudicó el servicio de transporte urgente de las zona norte de Gran Canaria y sur de Tenerife. Mientras que Ambulancias García Tacoronte ofrecerá el transporte sanitario colectivo y urgente en la isla de La Palma. Sólo queda por adjudicar el transporte colectivo de la zona sur de Tenerife que según establece el Gobierno de Canarias ha quedado desierta. Este fallo dejó fuera de la adjudicación a la empresa Manuel Guerra Castellano, perteneciente a la patronal denunciante.Tras el anuncio desde Artea informaron que han presentado a la Fiscalía medidas cautelares urgentes para paralizar este proceso.Incumplimiento del laudo. Coincidiendo con el anuncio, desde CCOO recordaron que en el pago de las nóminas del mes de febrero los empleados de Manuel Guerra Castellano S.L. en Tenerife, Gran Canaria y La Palma no han cobrado la subida salarial establecida en el laudo de obligado cumplimiento, para el año 2009, "incumplimiento este que sumado al retraso en el pago de los salarios todos los meses, en torno al día 11, hechos denunciados y sancionados por la Inspección de Trabajo". Además calificaron de "provocación" las declaraciones de la patronal Artea, en las que hacía alusión a una posible huelga de los trabajadores por el impago de estas cantidades, ya que consideraron que se trata de una pataleta por quedar excluido del concurso, "dada su nefasta trayectoria".